Seis detenidos en Leganés por una presunta red de explotación sexual que operaba en un local y una vivienda
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Leganés, tres hombres y tres mujeres, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. La actividad investigada se desarrollaba en un establecimiento del municipio y en una vivienda situada junto a él, dos inmuebles que han sido clausurados cautelarmente tras la intervención policial.
Según la información difundida por los investigadores, las mujeres habrían sido sometidas a un sistema de control que limitaba su libertad de movimientos y sus condiciones de vida. Entre las prácticas detectadas figuran jornadas laborales de hasta 13 horas, vigilancia mediante cámaras instaladas en ambos inmuebles y multas de 20 euros por incumplir las normas impuestas por los responsables del negocio.
La operación se llevó a cabo el pasado 15 de octubre, cuando los agentes realizaron entradas y registros tanto en el local como en la vivienda anexa. Durante las actuaciones, la Policía intervino sustancias estupefacientes que se encontraban ocultas en productos de higiene, además de material informático y documentación relacionada con la actividad investigada.
Una investigación iniciada en noviembre de 2025
Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2025, después de que la Policía Nacional recibiera información sobre la posible comisión de delitos relacionados con la prostitución en dos inmuebles de Leganés.
A partir de ese momento, los agentes desarrollaron una investigación para esclarecer el funcionamiento de la actividad y determinar el papel que desempeñaba cada una de las personas presuntamente implicadas.
De acuerdo con las conclusiones policiales, la organización estaría encabezada por una mujer y su hermano. Ambos habrían asumido funciones de dirección y control, mientras que otros integrantes participarían en distintas tareas vinculadas al funcionamiento del negocio.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de sistemas de videograbación tanto en el establecimiento como en la vivienda contigua. Según la Policía, estos dispositivos permitían vigilar los movimientos de las mujeres y mantener un control continuado sobre ellas.
Las averiguaciones apuntan a que las víctimas habrían sido engañadas y coaccionadas para prestar servicios sexuales en contra de su voluntad. La investigación también señala que su situación de vulnerabilidad habría sido aprovechada por los responsables para mantenerlas sometidas a las condiciones impuestas.
Jornadas prolongadas y falta de libertad
Las condiciones en las que las mujeres desarrollaban esta actividad constituyen uno de los principales aspectos del caso. Según la información policial, debían cumplir jornadas de hasta 13 horas y no podían abandonar libremente el establecimiento.
Los agentes también detectaron que las víctimas no disponían de espacio suficiente para guardar sus pertenencias ni de condiciones adecuadas para preservar su intimidad y descansar.
El control, según las pesquisas, no se limitaba al tiempo que permanecían en el local. La mayoría de las mujeres residía en viviendas próximas al establecimiento que habrían sido alquiladas por la presunta responsable de la organización. Algunas, además, vivían directamente en el propio negocio.
Esta circunstancia habría facilitado, según los investigadores, la supervisión de sus movimientos fuera del horario de actividad del establecimiento.
El sistema incluía también sanciones económicas. La Policía sostiene que las mujeres podían recibir multas de 20 euros cuando incumplían las normas establecidas por los responsables. Estas condiciones se suman a las restricciones de movilidad y a la vigilancia detectadas durante la investigación.
Un reparto de beneficios que no se habría cumplido
Otro de los aspectos analizados por los agentes es el sistema económico que presuntamente se había establecido entre la responsable del negocio y las mujeres.
Según la investigación, el acuerdo contemplaba un reparto de los ingresos generados por los servicios sexuales: la mitad correspondería a la propietaria y la otra mitad a las mujeres. Sin embargo, las víctimas no habrían llegado a recibir el dinero que supuestamente les correspondía.
Los investigadores consideran que esta práctica formaría parte de las condiciones de explotación a las que habrían estado sometidas las mujeres.
La investigación trata de esclarecer el funcionamiento de la organización y las responsabilidades individuales de los seis arrestados, así como las circunstancias en las que se desarrollaba la actividad en los dos inmuebles.
La investigación también apunta a la venta y al consumo de drogas
Durante las pesquisas, los agentes detectaron indicios de que en el establecimiento y en la vivienda anexa también se vendían sustancias estupefacientes.
Según la información policial, las mujeres habrían sido obligadas a consumir estas sustancias junto a los clientes durante los servicios sexuales. El suministro de las drogas se atribuye presuntamente al hermano de la principal investigada y a la pareja de este.
La actividad tampoco habría terminado siempre cuando cerraba el local. Si todavía quedaban clientes, los servicios sexuales continuaban en la vivienda contigua.
Además, dos de los presuntos integrantes de la organización se habrían encargado de trasladar a las mujeres a domicilios particulares cuando los clientes solicitaban allí estos servicios.
Estos elementos forman parte de las líneas de investigación que han permitido a los agentes reconstruir el funcionamiento del entramado y determinar los posibles delitos cometidos.
Seis detenidos y dos inmuebles clausurados
La intervención policial del 15 de octubre permitió acceder al establecimiento y a la vivienda vinculada a la actividad. En ambos lugares se encontraron sustancias estupefacientes ocultas en productos de higiene, material informático y abundante documentación, que quedó a disposición de la investigación.
Los seis detenidos están investigados por su presunta relación con delitos relativos a la prostitución, agresión sexual, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Tras los arrestos, todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
La investigación policial busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad que podría corresponder a cada uno de los implicados. Por el momento, las acusaciones se encuentran en el ámbito de las diligencias policiales y deberán ser valoradas por la autoridad judicial, con respeto a la presunción de inocencia.
La Policía Nacional recuerda que las personas que dispongan de información sobre posibles casos de trata de seres humanos pueden colaborar a través del teléfono 900 105 090 o del correo electrónico trata@policia.es.
El caso vuelve a situar la atención sobre las posibles situaciones de explotación sexual y sobre los mecanismos de control que, según los investigadores, pueden utilizarse para limitar la libertad de las víctimas y dificultar que abandonen este tipo de entornos.
